El fin de la sostenibilidad cosmética

MAGDALENA ANINAT, ESTEBAN KOBERG Y CLAUDIA GONZÁLEZ ARCOS

Las empresas que aún creen que pueden parecer sostenibles sin realizar cambios en sus operaciones se exponen cada vez más a quedar fuera de juego. Si los cambios en las tendencias de los consumidores o las crecientes exigencias de los inversionistas no los han convencido hasta ahora, la tendencia regulatoria en Chile comienza a dejar poco espacio para una adopción cosmética de las variables sociales y ambientales en los modelos de negocios.

De hecho, en abril se completó el plazo para que las casi 80 empresas más grandes reguladas por la CMF reportaran bajo las exigencias de la nueva norma NCG461, explicando en detalle las dimensiones sociales, ambientales y de cambio climático de sus negocios, con una mirada profunda hacia todos sus stakeholders.

“Cuando en la agenda de políticas públicas existen nuevas propuestas de regulación -impuestos verdes, normas anti-greenwashing-, es importante analizar si la regulación promueve la transformación de los negocios hacia la sostenibilidad profunda y no cosmética”.

Por otra parte, en septiembre de este año se completa la aplicación gradual de la ley 20.920 que establece la Responsabilidad Extendida del Productor. Bajo esta ley, los productores de neumáticos, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos entre otros, son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos. Además, por segundo año consecutivo, las AFP deben publicar sus avances en inversiones responsables, cumpliendo la norma 276 de la Superintendencia de Pensiones de integrar en su análisis de riesgo, las dimensiones ASG y climáticas.

En suma, la regulación Chile ha avanzado a normar la integración de la sostenibilidad en los diferentes niveles: desde los inversionistas institucionales y la información al mercado hasta las cadenas de producción y consumo. Se va construyendo un círculo que parece virtuoso.

De hecho, un estudio de la Escuela de Negocios UAI y AmCham (Aninat, Koberg y Arredondo, 2022) muestra que la regulación tiene un efecto positivo para movilizar la integración de la sostenibilidad en los modelos de negocios. Las empresas reguladas muestran una mayor implicación de los directorios y cuentan con incentivos de la alta dirección alineados con la sostenibilidad. También muestran mayor transparencia y apertura informativa, compromisos más profundos con sus grupos de interés e institucionalización de sus contribuciones sociales. ¿Qué logran? Menos conflictividad social o, en otras palabras, mayor legitimidad para la continuidad operacional, y mayores niveles de innovación.

Cuando en la agenda de políticas públicas existen nuevas propuestas de regulación (impuestos verdes, normas anti-greenwashing), es importante analizar si la regulación promueve la transformación de los negocios hacia la sostenibilidad profunda y no cosmética, en la cual se involucren a todos los actores involucrados y se distribuya la responsabilidad. Es importante lograr normas que eviten la exclusión de proveedores PYME o traspasar los costos al consumidor, porque la evidencia muestra que una excesiva responsabilidad en los consumidores puede resultar en retrasos en la implementación de políticas sostenibles (González-Arcos et al, 2021). En este sentido, es importante que las políticas públicas en esta materia fomenten la innovación empresarial y los mercados competitivos como ejes transversales para impulsar el cambio.